Madrid.- El gobierno español, molesto por la estrategia de comunicación de la aerolínea Spanair, luego del accidente del miércoles pasado que dejó 153 muertos, ha decidido acercarse a los familiares de las víctimas, destacó la prensa local.

El diario Expansión señaló que los ministerios españoles de Defensa e Interior forzaron a la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, a adoptar una línea más dura respecto a la compañía aérea, que incide en sus fallos de comunicación con los heridos y familiares.

"El gabinete de crisis del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, tardó 24 horas en dejar constancia de su enfado por la estrategia de comunicación y asistencia de la aerolínea Spanair con los familiares de las víctimas y heridos del siniestro", dijo.

El periódico especializado en economía aseguró que según fuentes socialistas consultadas, los ministerios del Interior y de Defensa alertaron a Rodríguez Zapatero de las "dificultades de imagen y credibilidad" a las que se enfrentaba el gobierno.

Esto, si no "se marcaba una distancia prudencial" con la aerolínea, una condición a la que eran contrarios los asesores de la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez.

Aseguró que tras varias consultas durante la tarde del pasado jueves, Rodríguez Zapatero llamó personalmente a la titular de Fomento para que iniciase un cambio de rumbo en sus declaraciones públicas.

Fue entonces cuando Alvarez intensificó la ronda de entrevistas con diferentes medios, separándose de las posiciones oficiales de la compañía y poniéndose del lado de los heridos y de los familiares de los fallecidos, afirmó Expansión.

Por su parte, El País destacó que los familiares de muchos de los 153 fallecidos del accidente del vuelo de Spanair han exigido a la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, más información sobre las causas del siniestro.

Los familiares de las víctimas se reunieron con De la Vega la víspera en un hotel de esta capital y reclamaron justicia.

El rotativo señaló que la vicepresidenta aseguró que el gobierno va a exigir todas las responsabilidades. "Se va a determinar de quién son esas responsabilidades", aseveró.

Anunció que el Ejecutivo va a montar una oficina de atención a las víctimas en Madrid y otra en Canarias, aunque los familiares no se mostraron muy convencidos.